EL PACTO ELECTRICO
El país ha
vivido por más de 40 años la agonía de un sistema eléctrico deficiente y falta
de inversión, se creyó que la capitalización realizada por el estado en los
años 90 iba hacer mejorar el servicio de energía y no ha sido así.
Recordemos
que las distribuidoras pasaron al sector privado al igual que las generadoras y
posteriormente el estado dominicano
retomo las distribuidoras, (edesur, edenorte y edeeste) que las mismas
según los expertos no han podido reducir las pérdidas producidas en la
comercialización y cobro de la energía, básicamente en materia de robo de
energía por parte de los consumidores grandes, medianos y pequeños lo cual no
hace sostenible el sistema.
Unido a esta
situación, esta la producción de energía donde el sector privado tiene el
control, salvo algunas exacciones, los generadores no han hecho las inversiones
de renovación y de mejora de la eficiencia productiva para reducir el costo de
la energía servida a los sectores productivos y a la población en general, lo
cual se refleja en un aumento de la tarifa eléctrica, que según técnicos es una
de las más costosa de Latinoamérica, y que ha obligado al gobierno a intervenir
en la producción de la energía con la construcción de la planta a carbón de
punta catalina en bani para que con esa inversión tratar de influir en la
matriz de producción y reducir los costos de la energía producida en el país.
Bajo ese
panorama es que se discute el pacto eléctrico, discusión que ha tiene cerca de 3 años y no llega a un entendimiento, con el
agravante que algunos actores que participaron la capitalización que no ha
servido para mejorar el sistema eléctrico, están involucrados en las comisiones
de trabajo del pacto eléctrico, por lo que muchos entienden que no se puede
esperar mucho beneficio del pacto eléctrico que está en proceso de conclusión.
La fundación
gerencia en acción desea que con este pacto, se acaben los apagones
financieros, las reparaciones de instalaciones eléctricas no programadas, no
aumento de la tarifa eléctrica, la reducción del subsidio eléctrico y mayor
inversión del sector privado que tiene las plantas de energía del estado y que
la administra teniendo un 49% de las acciones de la capitalización realizada.
