Guatemala
Excelentísimo Señor Otto Pérez Molina,
Presidente de la República de Guatemala y
Presidente Pro Tempore del SICA;
Excelentísimos Sres. Jefes de Estado y de
Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana;
Honorables Señores Ministros de Relaciones
Exteriores;
Respetables miembros de las distintas
delegaciones que nos acompañan;
Señoras y Señores;
Ante todo, gracias a todos los guatemaltecos
por acogernos nuevamente hoy en este hermoso país. Y gracias, especialmente, a
su Presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Cuando hace unos meses visitamos este país,
con motivo de la cumbre entre el SICA y España, les felicitamos por estar
desempeñando una Presidencia Pro Témpore especialmente activa y dinámica.
En esta ocasión, volvemos a repetir
públicamente esta felicitación. Así como
nuestro deseo de que los próximos seis meses, en los que El Salvador
tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización, se caractericen por un
igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque, no lo duden, en los próximos años
vamos a necesitar de este dinamismo, para hacer frente a los desafíos que nos
plantean la integración comercial, la seguridad ciudadana o los movimientos
migratorios.
Hoy quiero hablarles de este último aspecto.
De las migraciones y de las respuestas que debemos darle desde los Gobiernos.
Es decir, de las políticas de migración y documentación. Y en concreto de lo
que en este campo hemos logrado recientemente en la República Dominicana.
Quisiera empezar recordando que, al igual que
el resto de países del SICA, la República Dominicana ha sido durante las
últimas décadas un país de emigrantes. Y en buena medida lo sigue siendo.
Cientos de miles de dominicanos y dominicanas
viven en Estados Unidos y Europa, en muchas ocasiones manteniendo a sus
familias mediante el envío de remesas ganadas duramente con su trabajo.
Esta es una experiencia común en la que se
reconocen millones de centroamericanos.
Por eso, en noviembre del año pasado, todos
los presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el Presidente Obama
tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un
sistema roto.
Esta acción se encuentra actualmente en un
impasse debido a resistencias en la oposición republicana. Pero, si finalmente
consiguen arreglar ese sistema roto, y esperamos que así sea, cientos de miles
de nuestros compatriotas centroamericanos y caribeños podrían vivir y trabajar
en el vecino país del norte con más seguridad y más derechos.
Obviamente, si a los Estados Unidos, con sus
inmensos recursos, la documentación de los migrantes les supone un reto, es
lógico que a nosotros nos lo plantee igualmente, y mucho más que a ellos.
En el caso de la República Dominicana,
heredamos también un sistema que nos mantuvo durante décadas en una situación
de debilidad administrativa. Y que había dejado a grupos enteros, de población,
tanto nacionales como migrantes, en situación de indocumentación y
vulnerabilidad.
Para poner fin a esta situación, decidimos
tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una
documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros en
situación regular, o irregular.
Dos fueron los principios fundamentales que
nos guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las leyes dominicanas y
la protección de los derechos humanos de las personas.
Y dos fueron también los mecanismos legales
de los que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de
Regularización.
La Ley Especial 169-14 establece dos grandes
grupos de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo B, de
acuerdo a su estatus documental.
El Grupo A corresponde a personas nacidas en
la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación
irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado
acreditándolos como nacionales.
Gracias a la ley, 55,000 personas en esta
situación han visto reconocida su documentación por la Junta Central Electoral
y con ella, su ciudadanía dominicana.
El Grupo B está conformado por hijos de
padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República
Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Las 8,755 personas que
en virtud de la ley solicitaron su registro en el Libro de Extranjería podrán
acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos años.
En cuanto al Plan Nacional de Regularización,
esta iniciativa especial buscaba corregir situaciones migratorias de las
personas que estaban en el país de manera irregular.
Al cierre del plazo, 288,486 personas
solicitaron su regularización en alguno de los 24 centros de atención que
abrimos en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus que
ameritan.
Merece la pena señalar que, durante el tiempo
que estuvo en vigor el Plan, que fue de 18 meses, las deportaciones se
suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña de comunicación e información
para dar a conocer estas iniciativas a todos los posibles beneficiarios, además
de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades y de ofrecer un trabajo
totalmente gratuito.
De la misma manera, para facilitar el acceso
a los interesados el gobierno incorporó instituciones y organismos con
experiencia en la materia, ACNUR, la Organización Internacional para las
Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el PNUD y la Mesa Nacional para las
Migraciones, entre otras.
Como quizá sepan, durante los últimos meses,
algunos medios de comunicación internacionales y algunas organizaciones, han
repetido la teoría de que más de 200,000 personas habrían quedado en situación
de apatridia y estarían en peligro de ser expulsados de la República
Dominicana.
Esto es completamente falso. Y como no
queremos pensar que es un falsedad malintencionada, sino que se trata de un
error, vamos a examinar por un momento donde tiene su origen este error en las
cifras y cuál es la realidad.
Quienes originalmente plantearon estas cifras
tomaron como base los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del año
2012, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas, con la colaboración de
las Naciones Unidas.
Según la Encuesta, teníamos en el momento 244
mil 151 personas hijas de extranjeros. De esta información, sin embargo, no
podemos deducir nada sobre el estatus documental ni migratorio de estas
personas, mucho menos su situación de apatridia.
Ocurre que de ese total, 105 mil 381 tienen
por lo menos un padre dominicano, por lo tanto les corresponde la nacionalidad
dominicana de pleno derecho según nuestra Constitución. Dicho de otra
forma, sabemos ya que no son apátridas.
El resto, 138 mil 770 son hijos con ambos
padres extranjeros, pero no por eso apátridas.
Para empezar porque, de este grupo, 20 mil
213 de esos, dicen poseer un documento de identidad extranjero y 16 mil 556
dicen poseer documento extranjero y dominicano. Podemos decir con certeza, que
estas 36,769 personas tienen su situación en cuanto a nacionalidad resuelta,
incluso doblemente resuelta.
La cifra de potenciales “apátridas” se habría
reducido entonces a 100,000 personas aproximadamente.
Sin embargo, entre esos están las 55,000 personas
del Grupo A y sus descendientes, así como los 8,775 del grupo B que, como
expliqué, han visto su nacionalidad reconocida por la Junta Central Electoral.
Es el caso, por ejemplo, de la señora Juliana
Deguis y de sus cuatro hijos, que hasta hace poco no habían sido registrados
por la situación de indefinición documental de su madre, pero que ya lo están.
Es fácil deducir que los 100,000 restantes,
de acuerdo a la encuesta, son esta población
y que su problemática también ha sido resuelta. Es decir, tampoco están
en situación de apatridia ni en peligro de ser expulsados del país.
En definitiva, seamos claros: en la República
Dominicana el número de casos de apatridia es cero.
Esa es la realidad, y puede ser constatada
por los organismos de Naciones Unidas especializados en la materia con
presencia en el país.
Por supuesto, como cualquier Estado, no somos
infalibles y podemos cometer errores. Si eso llegara a ocurrir y alguien
presentara un caso de apatridia a nuestro gobierno debidamente documentado, no
les quepa duda de que le daremos la debida solución.
Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con los
mecanismos para que así sea. Pero hasta
el día de hoy eso no se ha producido ni mucho menos hemos posibilitado una
política de Estado para propiciar nada semejante, como algunos se han atrevido
a insinuar.
Por tanto, quiero ser muy enfático en
esto, no permitiremos que se siga
hablando en esos términos de nuestro país con total impunidad.
Entiendo que esta es una realidad compleja,
con distintas figuras legales, diversos grupos de población y varias cifras.
Es una realidad quizá menos mediática, ya que
no se presta a grandes titulares alarmistas, ni a una narrativa prefabricada de
perseguidores y perseguidos.
Es una realidad que exige de análisis,
investigación, rigor y honestidad. Y esas son precisamente las virtudes que se
le suponen a la labor periodística. A la prensa internacional, por tanto, le
invitamos a ejercerlas en la República Dominicana.
El 17 de junio finalizó el plazo de
inscripción en el Plan Nacional de Regularización. Y con su finalización, a
pesar de lo que muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe
humanitaria, ni se inició ninguna caza de brujas.
Sencillamente, lo único que ocurrió es que
volvió a entrar en vigor nuestra legislación habitual en materia de migración.
Ni más, ni menos.
Pero, más allá de las especulaciones,
considero que tras un esfuerzo colectivo como este, es importante hacer un
balance justo de lo que se ha logrado. Y no podemos permitir que el debate
quede exclusivamente en manos de los sectores más polarizados.
Porque hay algunas organizaciones y medios de
comunicación que parecen querer conjurar en la República Dominicana de hoy
actual los miedos de otras épocas u otras latitudes. Dicen hablar desde el humanitarismo pero, por
desgracia, lo hacen también desde el desconocimiento de los acontecimientos
sobre el terreno.
Sin embargo, por encima de las opiniones y
los discursos de uno y otro signo están los hechos irrefutables que, como Jefe
de Estado, quiero reivindicar.
La realidad es que, en la República
Dominicana, más de 350,000 personas han visto regularizada su situación y serán
dotadas del estatus documental que les corresponde. Para los que se acogieron
al plan de regularización este será la residencia legal. Para los que se
beneficiaron de la ley 169-14, será la nacionalidad.
Debo decir que pocos países pueden exhibir un
resultado similar en tan poco tiempo en esta materia.
La realidad es, también, que en nuestro país
ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No las ha habido
desde que llegó la democracia, no las necesitamos, y por supuesto, no las habrá
en el futuro.
Se aplicará la ley, sí, individualmente, con
garantías, y dando facilidades para el
retorno voluntario, al que ya se han acogido decenas de miles de personas que
no cumplían los requisitos del Plan. Esa es la realidad de un Estado de
Derecho.
La realidad es que en la República Dominicana
no se han registrado casos de apatridia, por más que algunos quieran seguir
inventándolos. Como les decía, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, ACNUR, no ha constatado ninguno y, precisamente para eliminar
el peligro de que se dieran, votamos la ley 169-14 y la aplicamos con éxito.
La realidad, en definitiva, es que en 2015,
en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una documentación y unos
derechos que en 2013 no tenían.
¡Y este ha sido, no lo duden, un gran avance
para los derechos humanos en la región!
Un éxito que solo fue posible gracias a los
valores sobre los que estamos construyendo la República Dominicana. Un país
justo, solidario, donde los derechos se respetan y donde las leyes se cumplen.
Dicho esto, quiero enfatizar también que
nuestro país tiene el derecho soberano de regularizar los flujos migratorios de
acuerdo a las leyes que nos rigen, igual que lo tienen y lo ejercen países como
Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea.
Por tanto, no vamos a permitir que continúe
esta campaña sucia y de descrédito que hace oídos sordos a todas las garantías
que hemos establecido para proteger a las personas y se prefiere anunciar una
crisis humanitaria inexistente.
Tampoco vamos a plegarnos a las falsas
acusaciones de racismo o xenofobia, que carecen completamente de fundamento en
un país caracterizado por el mestizaje desde hace siglos.
No aceptaremos ese chantaje que nos amenaza
con sanciones internacionales basándose en acusaciones que son absolutamente
falsas.
La República Dominicana es un país abierto al
mundo, que no olvida los sacrificios de su hermanos en el exterior y que valora
de la misma forma las aportaciones de todos aquellos que llegan a nuestra tierra.
El primer destino turístico del Caribe y
también el país que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años,
precisamente por la acogida que damos a las personas y por la seguridad
jurídica que ofrecemos a los empresarios.
Sin embargo, pueden estar seguros de que
nuestra soberanía no se pondrá en cuestión, ni porque llegue un turista más, ni
por un centavo más de inversión.
Aquellos que prefieran creen lo que les dicen
otros, alimentar prejuicios y vivir en el engaño, son libres de hacerlo, pero
no cuenten con nosotros para seguirles el juego.
Aquellos que quieran venir a nuestro
territorio y comprobar con sus propios ojos la realidad de nuestro país, la
bondad de nuestra gente y las oportunidades que ofrecemos, son bienvenidos,
como siempre lo han sido.
Muchas gracias, a todos los presentes, por
permitirme informarles de estos asuntos de gran importancia para nuestro país,
y que me consta encuentran un eco de reconocimiento en el conjunto de los
países del SICA.
